Discapacitados exigen un copago “justo” y no “confiscatorio”
El Cermi lanza una campaña estatal para cambiar la ley de dependencia
Pretende recoger 500.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular
JAIME PRATS, El País, Valencia 12 FEB 2015
Un hombre firma en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para reclamar el cambio de la Ley de Dependencia.
Valencia ha sido el epicentro de las movilizaciones contra el copago aplicado a los dependientes con discapacidad y Valencia fue este jueves el lugar elegido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para lanzar su campaña estatal dirigida a cambiar la ley de Dependencia. El objetivo es sustituir el actual “copago confiscatorio” por otro “justo” y “proporcionado”, según esta entidad, una medida que afectaría a todos los dependientes.
Para ello, el Cermi, apoyado por otras organizaciones de personas con discapacidad y de asociaciones de dependientes, pretende recoger 500.000 firmas con las que presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso destinada a cambiar las reglas de juego existentes relacionadas con la aportación de los usuarios.
La medida plantea que queden exentos del pago por los servicios de la dependencia quienes perciban menos de 1.333,28 euros mensuales. Además, aspira a que el copago no pueda superar en ningún momento el 60% del coste total del servicio y que se garantice un mínimo del 40% de la capacidad económica del usuario para gastos personales.
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- Con ello se pretende evitar situaciones como las que describió ayer el responsable del Cermi en la Comunidad Valenciana,
- Joan Planells, al explicar que hay usuarios que están abandonando los centros donde son atendidos por no poder hacer frente al dinero que les corresponde abonar por este concepto.
Otra de las propuestas recoge la obligatoriedad de establecer un marco común para todas las comunidades autónomas, de forma que no se permitan las grandes diferencias que hay actualmente al aplicar el copago. El presidente nacional del Cermi, Luis Cayo, explicó que hay autonomías, como Madrid, Aragón o Extremadura que no aplican el copago en centros públicos para personas con discapacidad. Y que entre quienes sí cobran por este concepto, hay diferencias de hasta el 90%. La autonomía “más castigada en lo social” es la Comunidad Valenciana. “Es la línea de fuego, donde peor se está pasando”, añadió
Planells llegó a plantear que el comportamiento del Consell es prevaricador, al insistir con el copago en discapacidad, pese a que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano en varias ocasiones. La Generalitat reformuló el copago bajo la fórmula de tasa, una medida que será recurrida por el Cermi de nuevo. Planells matizó luego sus palabras, al indicar que si la justicia les vuelve a dar la razón de que la norma es injusta —como se mostró convencido—, se podrá hablar abiertamente de prevaricación.
