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Recortes Sociales, 13 de mayo, 2010

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Los que esperan una ayuda a la dependencia también pagarán los platos rotos del déficit, ya que no cobrarán con efecto retroactivo los meses que pasan desde que piden la ayuda hasta que se les concede. La medida también recoge que el tiempo máximo de espera será de seis meses, algo que la experiencia ha demonstrado que resulta muy complicado, Rosa Maria Sánchez, presidenta del Colegiio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón opinó ayer que las ayudas "igual tardan más en llegar" sabiendo que no va a haber que pagar retroactividad. Javier Guiu, presidente de la Fundación DFA, dijo que es "una pérdida de derechos", pero deseó que sirva para que se agilicen los papeleos y los casos se resuelvan en menos de seis meses.

Comentarios de ASISTER:

 La Moncloa admite usos ilegales de la Ley…
 Precisamente, ese exhaustivo informe elaborado por la agencia estatal de evaluación de políticas públicas ha levantado ampollas en el Gobierno. Y es que la entidad pública, que depende de Presidencia, pone más de quince cruces al sistema: no sólo detecta prácticas "contrarias a la ley" de las comunidades, también reprenden al Imserso por "renunciar a la corrección de las desviaciones detectadas".

Un ‘atajo’ que burla la norma. La Ley de Dependencia resalta la "excepcionalidad" del cuidador informal, ya que lo prioritario es ofrecer servicios de calidad a los enfermos. Pero la sorpresa es que de las 303.000 prestaciones económicas en vigor, ocho de cada diez se dedican a pagar a familiares que cuidan de los enfermos en el hogar. 

 

 

Empleo sumergido y de baja calidad… 

     Además, el informe destaca que "sólo uno de cada tres cuidadores no profesionales se han dado de alta en el convenio especial de la Seguridad Social" lo que a juicio de Ramírez, significa que "más de la mitad de las ayudas públicas recaen sobre jubilados que se ven obligados a responsabilizarse de los cuidados intensivos que requiere la persona con la que conviven, o sobre personas que trabajan fuera de casa y que están generando con ese dinero mucha economía sumergida". 

     En este sentido, el trabajo apunta que "más de 100.000 personas", el 94% mujeres, podrían estar trabajando en esta "bolsa de empleo sumergido o de muy baja calidad" al ser ‘subcontratadas’ por la persona que recibe a su nombre las ayudas por ser cuidador no profesional del dependiente en cuestión. Por eso, la asociación pide que se distinga entre quienes realmente cuidan al dependiente y quienes "sólo ejercen nominalmente" como cuidadores. 

 

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