Castilla-La Mancha, Castilla y León (ambas con nueve puntos), País Vasco y Aragón (con 8,5 puntos) destacan en la aplicación de la Ley de la Dependencia, según se desprende del VI Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Por el contrario, Canarias (0,5 puntos), Madrid y la Comunidad Valenciana (ambas con dos puntos) ocupan la parte más baja de este ranking que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que evalúa la implantación del SAAD en España.
Respecto al resto de comunidades, Andalucía desciende a 7,5 puntos y Asturias suspende con cuatro puntos. Mientras que aprueban, por primera vez, Extremadura y Murcia, (ambas con cinco puntos). A nivel general, se registra una mejora en la implantación de la norma, ya que la puntuación media pasa de 4,97 puntos (enero 2010) a 5,44 (junio 2010) y 5,6 puntos (diciembre 2010).
Al finalizar el cuarto año de aplicación de la Ley de la Dependencia, el Observatorio constata varios aspectos que sus responsables definen como “preocupantes”. Entre estos destacan que, con los datos oficiales, a fecha 1 de diciembre de 2010, se encuentran en el limbo de la dependencia 234.463 personas. Es decir, aquellas que tienen reconocido el derecho a una prestación económica o servicio pero que todavía no lo recibe. Esto evidencia que desde el anterior dictamen de junio, que registraba 228.348 personas, “no solo no se ha reducido este dato, sino que incluso ha aumentando ligeramente”.
Por ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se reafirma en la propuesta que han planteado desde el inicio de la implantación del Sistema, “que la financiación se determine en función del coste efectivo de los servicios y prestaciones económicas que se proporcionan”.
De esta manera, sostiene que se evitará que aquellas comunidades que optan por prestar recursos de calidad se encuentre perjudicadas económicamente frente a aquellas que “dan más importancia de la que en realidad tienen a las prestaciones económicas (más baratas) o de servicios con menor intensidad o calidad, algunas de las cuales pueden, incluso, llegar a hacer caja con la aportación estatal”.
Además, el estudio revela que la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales “sigue sobredimensionada”, ya que la obtiene casi el 58 % (61,94% en Aragón con solo 20% dado de alta en la Seguridad Social) de los beneficiarios del Sistema. En número absolutos, 377.787 personas la reciben frente a sólo 90.912 que perciben servicios profesionalizados de ayuda a domicilio (0% en Aragón, 11,64% en España) o 44.810 en centros de día.
Modelo de financiación
El Observatorio también ha analizado un informe sobre financiación del Sistema, que ha presentado uno de sus miembros, Luis Barriga, que expone el desequilibrio entre lo que aporta la Administración General del Estado (34 %), las comunidades autónomas (52 %) y los usuarios mediante el copago (14 %) en el coste efectivo de los servicios y prestaciones económicas.
