¿De verdad queremos ayudar a los emprendedores?
Felicidades, eres un emprendedor!». «Sois vosotros quienes vais a sacar el país de la crisis, crear valor y empleo».
Estas son algunas de las frases que el emprendedor español escucha con gusto cuando explica en sociedad a lo que se dedica. En realidad, todo el mundo sabe que es muy difícil crear una empresa propia, y sin duda valora sinceramente este esfuerzo por parte de los valientes individuos que se lanzan a esta aventura. Por otro lado, la figura del emprendedor queda a veces distorsionada por las figuras prominentes que lo suelen representar: en concreto, un grupo pequeño de personas exitosas que lideran iniciativas empresariales ya consolidadas, que han superado la fase inicial de duda e inseguridad permanente que sufren de forma cuasi continua la mayoría de los emprendedores.
En este sentido, la visión que tiene la sociedad de los emprendedores puede asemejarse a la de los actores: tanto Brad Pitt como Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, acaban distorsionando la representación que se hace la gente, respectivamente, de los actores y de los emprendedores -y ocultando la realidad muy hostil con la que se enfrentan los individuos que se dedican a una u otra de estas profesiones.
Las autoridades frenan activamente la vida del emprendedor sin coherencia, lógica o piedad Resulta incomprensible ver cómo las ayudas han privilegiado a sectores como el de la construcción
En el contexto español existe además la siguiente paradoja: por un lado, es notoria la dificultad especial que supone emprender en nuestro país debido, entre otras cosas, a trabas administrativas. Según el informe Doing Business 2011, del Banco Mundial, por ejemplo, España ocupa el puesto número 147 del mundo en cuanto a la facilidad para crear una nueva empresa. Por otro lado, si uno se fía del discurso permanente que ofrece la Administración en todos sus estratos (nacional, regional, municipal), el contexto no parece ser tan desfavorable: el Estado en su conjunto manda a la población el mensaje de que apoya al emprendedor de numerosas formas. A veces he sido impactado en una misma calle por varios carteles de distintas entidades públicas incitando a los ciudadanos a emprender. Así, con todos los programas especiales, incentivos y el esfuerzo de comunicación de las autoridades públicas en su conjunto, todo hace pensar que el emprendedor podrá por lo menos contar con el apoyo moral, si no práctico y económico, de las autoridades públicas. En mi caso, habiendo creado además una empresa enfocada hacia la reducción de las emisiones de CO2, el ahorro energético y económico y la movilidad sostenible -unos conceptos a menudo promovidos y aparentemente incentivados por el Estado-, pensaba ingenuamente encontrar algún tipo de apoyo adicional por parte de la Administración.
Mi modesta experiencia de dos años como emprendedor me permite ahora afirmar que no solo las autoridades públicas no facilitan la vida del emprendedor, sino que la frenan activamente sin ninguna coherencia, lógica o piedad.
Por un lado, los programas de ayuda al emprendedor constituyen un humo sufrido por la mayoría de las personas que crean una empresa. Como bien resumía Jesús Encinar, fundador de Idealista.com, en EL PAÍS del 24 de julio de 2011, «los emprendedores no queremos que el Gobierno nos apoye con una mano mientras nos hunde con la otra. No queremos subvenciones ni incubadoras públicas ni centros de innovación municipal. Lo que queremos es que sea fácil contratar y despedir personal, que el IVA se devuelva puntualmente y que el tratamiento fiscal de las inversiones sea favorable, para que existan pequeños inversores a los que les salga más a cuenta invertir en start-ups que en pisos vacíos».
Al emprendedor, para el que el tiempo es el recurso más valioso, le cuesta enfrentarse con la cultura administrativa que supone, por ejemplo, la presentación de una cantidad de documentos compulsados y notariados simplemente para participar en una jornada de conferencias organizada por un organismo público. También le cuesta comprender el desfase entre los recursos invertidos en comunicación en este ámbito y la escasez de apoyo con el que cuenta in fine. Y a los que están intentando crear valor y empleo en campos innovadores les resulta a veces incomprensible ver hasta qué punto las ayudas han privilegiado desde el principio de la crisis a sectores como el de la construcción -cuyo tamaño excesivo antes de que estallase la crisis constituía precisamente uno de los principales problemas de la economía española-. ¿Cuántos jóvenes emprendedores han accedido a ayudas del Plan E o conseguido una línea de crédito ICO? La realidad de estos conceptos para la gran mayoría de las empresas de reciente creación es inversamente proporcional al bombardeo mediático del que son objeto.
Pero la actuación negativa de la Administración va mucho más allá de no crear un entorno tan favorable como pretenden para la creación de empresas: puede suceder que las autoridades públicas ataquen de forma descarada la propia actividad de las empresas, aplicando al mismo tiempo un doble estándar en su comunicación. Para ilustrarlo debo partir aquí de un ejemplo personal.
La empresa que he creado, Amovens, se dedica a la promoción del coche compartido, ocarpooling, a través de una página web y de servicios ofrecidos a organizaciones: gran parte de nuestro negocio consiste en vender portales a empresas interesadas en fomentar esta práctica entre sus empleados. En España y el resto de Europa son varias las empresas que se dedican a este microsector, y su actividad ha sido generalmente recomendada por las autoridades públicas, al permitir una serie de beneficios para la sociedad. Sin embargo, en 2010, la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid decidió lanzar una actividad similar y convertirse en un actor más de este mercado, ofreciendo un servicio similar a empresas, pero de forma gratuita. Como emprendedor de este sector, me preocupé por lo que esto significaba para nosotros y para la empresa recién creada en general: después de haber invertido años de trabajo y muchos recursos personales para desarrollar la actividad de mi empresa, ¿podía la Administración llegar y ofrecer el mismo servicio que yo sin cobrar por ello? ¿No introduciría esto un sesgo importante en el mercado? ¿Era normal que el Ayuntamiento compitiera en este sector, ofreciendo un servicio financiado con subvenciones a empresas grandes que constituían nuestros potenciales clientes? Además, ¿por qué nuestros impuestos debían servir para financiar una actividad ya ofrecida por empresas privadas, en lugar de que paguen por el servicio las empresas que se beneficien de él? ¿No constituye ello un despilfarro de los recursos escasísimos del Ayuntamiento?
Las cartas que escribí tanto a la propia fundación como al Ayuntamiento nunca recibieron respuesta. Posteriormente, la Fundación Movilidad fue disuelta en diciembre de 2010, debido a recortes presupuestarios del Ayuntamiento, y nos olvidamos del tema. Sin embargo, unos meses más tarde nos dimos cuenta de que el programa había sido recuperado directamente por el propio Ayuntamiento. Varias empresas con las que Amovens llevaba varios meses reuniéndose han decidido escoger el servicio del Ayuntamiento debido a que es gratuito, destruyendo el trabajo comercial de hormigas realizado por nuestra start-up y difundiendo además la idea según la cual un servicio como este podría ser gratuito para las grandes empresas a las que nos dirigimos. En la presentación de este servicio, el pasado 19 de septiembre, la concejala de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, declaró: «Hay que ser más eficientes y competitivos que nunca» -una eficiencia difícil de hacer cuadrar con el ejemplo que acabamos de comentar.
Si todo el mundo coincide en que el emprendimiento es un tema crítico para el país, y si ocupa un puesto tan central en esta campaña electoral, los ciudadanos -emprendedores o no- debemos ser mucho más críticos con el discurso de los políticos sobre este asunto.
Los ejemplos que menciono aquí no reflejan la simple frustración de un emprendedor aislado: además de concernir a otros creadores de empresas, constituye un asunto de interés general (entre otras razones, por la incidencia que puede tener sobre el empleo). Y si la
Administración quiere crear un entorno propicio a los emprendedores, debe ir más allá de la cosmética que suponen las campañas de comunicación al respecto. Debe intentar ponerse en su lugar, entender sus necesidades reales y no solo esperar a que los emprendedores se adapten a su cultura de trámites. –
