Conviene hacer memoria. Hace quince años, durante ese intervalo en el que González no terminaba de irse ni Aznar de llegar, PSOE y PP tuvieron un momento de lucidez y apartaron el debate de las pensiones de la discusión política. La crisis del 93 había debilitado sus cuentas y ni a los socialistas les interesaba que les acusaran de quebrar a la Seguridad Social, ni a los populares que les restregaran aquello de que si ganaban iban a quitar las pensiones públicas.
Nació así —con buen pie— el Pacto de Toledo, que permitió alcanzar un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, con respaldo de los agentes sociales. Este Pacto, en una serie de recomendaciones, vino a decir que queríamos mantener el sistema público de pensiones mediante el sistema de reparto —los recientes sistemas de capitalización comenzaban a extenderse por América— y que debíamos abordar una serie de reformas para garantizar su futuro. Se subió, entre ellas, el periodo de cálculo de las pensiones hasta los 15 años, al tiempo que se recomendaba arbitrar un sistema automático de revalorización de las pensiones.
Pero los legisladores sabían que el sistema tendría que irse adaptando a las realidades cambiantes, por lo que creó una comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en sede parlamentaria que ha venido funcionando hasta nuestros días. Hasta fechas recientes, los sucesivos gobiernos cumplieron con todo lo pactado y, la verdad, el balance no puede ser más positivo. De un sistema de pensiones en riesgo, hemos pasado a obtener unos superávits que por aquel entonces nos hubieran parecido imposibles.
Pero, como no podía ser de otra forma, la actual crisis ha golpeado el sistema. La destrucción de empleo ha bajado de forma drástica el número de cotizantes al tiempo que nuestro acusado envejecimiento nos condena a reformar el sistema si no queremos tener problemas en el futuro. Por si fuera poco, los mercados que nos financian dudan de su viabilidad futura, por lo que nos exigen su reforma. Por eso, en mayo, tras su famosa noche en Bruselas, Zapatero se vio forzado a adoptar una serie de duras reformas, entre ellas la de la congelación de las pensiones para 2011, unidos a la propuesta de subir la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo hasta los 20 años. Lo anunció sin antes haber convocado al Pacto de Toledo y vulnerando alguno de sus principios. Podemos estar de acuerdo en el fondo —las reformas son imprescindibles— pero no en la forma —debía haberlo acordado en el seno de la comisión de seguimiento—, lo que le hubiera evitado muchos de los problemas que vemos en la actualidad.
No tenemos más remedio que reformar. Lo saben los sindicatos —por eso sólo protestaron con la boca pequeña ante la congelación— y lo saben los partidos. Otra cosa es lo que hagan en función de su simple interés electoral. La reforma, con acuerdo, mejor. Pero si no se alcanza con relativa rapidez, al Gobierno no le quedará otra alternativa que acometerla en solitario. La reforma, si se hace con sentido común y razonable gradualidad, asentará nuestro sistema público de pensiones por otros 15 años más. Ya solo nos quedaría solucionar lo del empleo y las cotizaciones, pero eso es ya otro cantar.
