La diputada del PP en las Cortes Pilar Fierro denunció ayer que las entidades sociales y ayuntamientos que gestionan residencias de ancianos en Aragón llevan desde diciembre sin percibir las cantidades que el Gobierno autonómico debe de pagarles por la concertación de plazas. Fierro convocó ayer una rueda de prensa para explicar la falta de financiación y los retrasos en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia en las residencias gestionadas por diferentes entidades sociales y por municipios que, a 4 de abril, aún no han percibido “ni un solo euro” con arreglo al nuevo sistema de financiación, que ha sustituido la concertación por un acuerdo marco.
Desde diciembre, dijo, “no han percibido absolutamente nada”, pero las residencias tienen que seguir pagando las nóminas de sus trabajadores, la comida y los servicios que se prestan a los ancianos.
Además, hay casos en los que las entidades gestoras de las residencias no han recibido explicación del nuevo sistema, y eso ha generado aún más retrasos, porque se han devuelto facturas que habían sido giradas de acuerdo al modelo tradicional, según Fierro.
La concertación supone el pago de 1.450 euros por plaza, y antes cuando una de ellas quedaba vacía el Gobierno de Aragón asumía el cincuenta por ciento de esta cantidad, pero ahora, con arreglo al nuevo sistema, no se paga “ni un céntimo”. Pero el Ejecutivo tampoco tiene “agilidad” para cubrir las vacantes, aseguró.
