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El Congreso Aprueba una Moción que NO Modifica en Nada la Ley de Dependencia

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La iniciativa pide que el Gobierno y las comunidades paguen esta norma a partes iguales, como está recogido en el texto legal

El Pleno del Congreso ha votado esta tarde por unanimidad (salvo una abstención) una moción del PNV defendida por Joseba Aguirretxea, que pide que la Ley de Dependencia  se cofinancie entre el Gobierno y las comunidades, exactamente lo que dice la propia ley aunque no siempre se cumpla, unas veces porque el Gobierno pone más del 50% y otras porque pone menos.

Pretendía el PNV dar un toque de atención al Gobierno por sus “incumplimientos” en los pagos, pero, el problema es que no se conoce cuánto dinero aportan las comunidades autónomas exclusivamente para la Ley de Dependencia como han puesto de manifiesto un estudio tras otro en los cuatro años que lleva en vigor. Y sin eso de nada sirve pedir cofinanciación, ni en el Pleno del Congreso, ni en comisiones de menos empaque, como ha ocurrido otras veces. La diputada socialista, Marisol Pérez, ha reconocido que se desconocen estos datos económicos. También se desconoce por qué el Gobierno no los exige o por qué las comunidades no los hacen públicos a sus ciudadanos.
                                                              

El debate, además, era recurrente, porque no es la primera vez que los diputados hablan de la financiación de la ley y siempre con el mismo resultado: nada. El PP, cuya enmienda ha defendido la diputada Lourdes Méndez, ha pedido que la ley se financie atendiendo al coste de los servicios que se prestan, más caro si es una plaza de residencia geriátrica, más barato si es una prestación económica. Pero el PNV no admitió enmienda alguna.
Entre todos los intervinientes han puesto de manifiesto los fallos más destacados de la ley, por ejemplo la deriva hacia la paga al cuidador familiar, una prestación que, según la ley debe ser excepcional, pero que se ha convertido en la reina de las ayudas concedidas. La propia moción aprobada pide que un informe analice esta cuestión en un plazo de dos meses. Con las elecciones por medio, será difícil que esto llegue a ningún puerto.
Todos esos fallos que se le están encontrando a la ley no se corregirán hasta que no se conozca la evaluación que se está elaborando de la norma. La moción aprobada solicita que se conozcan sus resultados en un plazo de tres meses. Además, esa evaluación llega ya con una año de retraso porque debería haberse presentado el año pasado, como establece la ley.
Así que, el extraño juego político ha llevado a aprobar por unanimidad una moción que, por una parte, pide lo que ya se recoge en la ley y, por otra, lo que no se cumplirá, al menos hasta que pasen las elecciones. A pesar de ello, late de fondo el ánimo en varios partidos políticos de cambiar la ley para corregir la financiación. “El origen del mal está en la propia ley, cuya financiación supone una carga insoportable para las comunidades. Estamos obligados a reformularla”, ha dicho el diputado convergente Carles Campuzano. Otros partidos también defienden la necesidad de modificar la norma y los socialistas no se oponen a este debate. Para cambiar la financiación no es necesario modificar la ley, pero todo ello se verá después de las elecciones.

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