El desarrollo de la Ley de Dependencia en España sube un poco la nota en este primer semestre de 2010, pero sólo cuatro décimás que el aprobado raspado que sacó en el anterior. Esta nota media, de nuevo, sólo indica la dispar velocidad a la que caminan las comunidades autónomas en la implantación de la ley: siete de ellas obtienen un notable (Castilla-La Mancha, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Andalucía, La Rioja y Navarra) mientras que tres suspenden sin paliativos (Murcia, Baleares y Extremadura) y otras tres no salen del muy deficiente (Canarias, Valencia y Madrid). El resto andan a la mitad de la calificación y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, bajo gestión del Gobierno central, están entre las suspensas, con un 3,5.
Este nuevo dictamen que publicó ayer el Observatorio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, reunidos en Alcorcón, pone de manifiesto, además, el enorme desequilibrio entre las prestaciones económicas y los servicios que se conceden a los ciudadanos que solicitan una ayuda de dependencia. El 66% son prestaciones económicas, a pesar de que la ley las considera una opción sólo para casos excepcionales. En algunas comunidades, como Murcia, Navarra, Aragón y Cataluña, más bien parece haberser convertido en norma, porque todas están por encima del 80% en la concesión de la llamada paga de la dependencia, que reciben los cuidadores que atienden en casa a ancianos y discapacitados. Ceuta y Melilla, de nuevo, rozan el límite, con un 85%, pero la palma se la lleva Murcia, con un 93%.
"Si no se produce una inversión en esta tendencia y se priman, sobre todo, los servicios de proximidad, centros de día y ayudas a domicilio se estará condenando a la ley a ser un sistema de subsidios que no garantizará la atención de calidad ni posibilitará la autonomía personal. Y olvídense de crear el empleo previsto", advirtió el presidente de la Asociación de Gerentes, José Manuel Ramírez.
Este desequilibrio entre prestaciones y servicios puede considerarse una mala aplicación de la ley, pero es aplicación al fin y al cabo. Hay, sin embargo, un tercer dato revelador que muestra este dictamen, efectuado sobre los datos oficiales de las comunidades: la media de dependientes que ya reciben una ayuda sobre el total de la población es de un 1,24%, un poco más alto que en los seis meses precedentes, que estaba en un 1,04%. Pero es en esta tabla donde se pone de manifiesto el gran desequilibrio en la aplicación de la ley entre unas y otras comunidades. Mientras que en Cantabria o La Rioja están atendidos más del 2% de las personas respecto a la población total, en Canarias, Madrid, Valencia y Baleares no alcanzan el 1%. Canarias están en un 0,3%. De ellas, Baleares es la que más ha avanzado, que se coloca en el puesto 4 por la cola, que antes ocupaba Valencia. Canarias y Madrid siguen las últimas, casi de forma enquistada.
"Hay comunidades que están estabilizadas en un desarrollo eficiente de la ley y algunas muestran ciertas dificultades,pero hay tres, Canarias, Madrid y Valencia a las que se podría pedir, sencillamente, que empiecen a aplicar la ley", dijo Ramírez.
