Queda un mes para conocer con más detalle la futura ley que regulará los cuidados paliativos y la muerte digna. La fecha, que supone un retraso en los planes iniciales del Ejecutivo, que había previsto presentar la norma en marzo, fue anunciada ayer en el Senado por la titular de Sanidad, Leire Pajín. El borrador de la norma, comentó, se halla ya "muy avanzado", lo que permitirá que sea estudiado por el Consejo de Ministros "en las primeras semanas de mayo". Según fuentes del Gobierno, se aprobará entonces el anteproyecto de ley, que aún deberá ser enviado a los órganos consultivos. Después el texto será remitido al Congreso, aunque para ese paso aún no hay fecha.
El origen de la ley se remonta al pasado 19 de noviembre, apenas un mes después de que Pajín asumiera la cartera de Sanidad. Entonces se aseguró que en marzo estaría ya redactado el texto legal.
Un derecho, no un privilegio
El retraso motivó la pregunta ayer de Javier Tuñón, del Grupo Mixto. El senador demandó a la ministra que "no demore más" la ley, y le instó a "aprovechar la oportunidad" y plantear "el debate de la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia", porque los ciudadanos "lo reclaman" y también porque España "no es un buen lugar para morir": figura en el puesto 27 de una lista de 40 países, según un estudio de The Economist. "Y en cuidados paliativos estamos suspendiendo", recalcó.
La ministra no recogió ese guante pero sí subrayó, apoyándose en las tesis de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Organización Médica Colegial, que la atención paliativa "no es un privilegio, sino un derecho", por lo que el Gobierno tiene la "obligación ética" de legislar, como ha hecho Andalucía.
Pajín explicó que el 60% de los pacientes con cáncer y el 30% de los no oncológicos necesitan cuidados paliativos. Por tanto, de lo que se trata ahora es de ofrecer un "modelo común a todos los ciudadanos, vivan donde vivan", garantizándoles "dignidad" en el "proceso final de la vida". "Cumpliremos nuestra palabra", prometió.
